PAN solicita juicio político y desaparición de poderes en Sinaloa

La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) formalizó este domingo una petición ante el Congreso de la Unión para iniciar un juicio político contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La propuesta incluye la solicitud de desaparición de poderes en la entidad, argumentando que las condiciones actuales de gobernabilidad y seguridad pública requieren una intervención directa por parte de las autoridades federales.

El bloque parlamentario del PAN hizo un llamado a los legisladores de Morena y sus aliados para que respalden estas acciones en las cámaras legislativas. Los representantes del partido argumentan que el retorno y la gestión del mandatario estatal han generado una crisis que, a su juicio, vulnera el orden constitucional y la paz social en la región, exigiendo que se esclarezcan las responsabilidades políticas sobre el estado actual de Sinaloa.

La figura de desaparición de poderes, contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un procedimiento facultado al Senado de la República cuando se acredita la desaparición del orden constitucional en una entidad federativa. El PAN sostiene que la situación de inseguridad que persiste en diversos municipios sinaloenses es motivo suficiente para que el Senado evalúe la continuidad de los poderes locales, buscando una resolución que garantice la estabilidad institucional.

Por su parte, los representantes de la mayoría parlamentaria aún no han emitido un posicionamiento formal sobre la viabilidad de estas propuestas. El proceso legislativo para la procedencia de un juicio político requiere la integración de expedientes por parte de la Sección Instructora en la Cámara de Diputados, donde se deben analizar las pruebas y argumentos presentados por los promoventes antes de proceder a cualquier dictamen.

Mientras tanto, la atención pública se mantiene centrada en la respuesta que el Poder Legislativo dará a estas demandas. Se espera que, en los próximos días, la Junta de Coordinación Política discuta la inclusión de este tema en la agenda parlamentaria, marcando un punto de tensión política en el inicio del periodo de sesiones.