Jueza dicta prisión preventiva a Fernando “N” por contrabando de hidrocarburos
Una jueza federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva a Fernando “N”, exfuncionario de la Secretaría de Marina, por su presunta participación en una red de tráfico de combustibles.

Una jueza de control dictó este domingo la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Fernando “N”, exfuncionario de la Secretaría de Marina (SEMAR). El imputado es señalado por su probable responsabilidad en la operación de una red dedicada al contrabando de hidrocarburos en territorio nacional, un caso que ha sido seguido de cerca por las autoridades federales debido a la naturaleza de las actividades ilícitas involucradas.
Durante la audiencia inicial celebrada en los juzgados federales, el Ministerio Público de la Federación presentó los elementos de prueba que vinculan al detenido con el manejo irregular de combustibles. Según la acusación, Fernando “N” habría aprovechado sus funciones previas dentro de la estructura de la Secretaría de Marina para facilitar el paso y comercialización ilegal de hidrocarburos, evadiendo los controles de seguridad establecidos en diversos puntos estratégicos del país.
La defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional para que se determine su situación jurídica, por lo que será en los próximos días cuando se defina si será vinculado a proceso formal. Mientras tanto, el exfuncionario permanecerá recluido en el centro penitenciario designado por las autoridades judiciales para garantizar que no evada la acción de la justicia durante la etapa de investigación complementaria.
Este proceso forma parte de las acciones emprendidas por la Fiscalía General de la República (FGR) para desarticular redes de corrupción que afectan el sector energético. La investigación busca esclarecer el alcance de esta red de contrabando, la cual ha impactado significativamente en el mercado de hidrocarburos bajo la supervisión de PEMEX, y determinar si existen otros servidores públicos o particulares involucrados en la estructura delictiva.
La resolución de la jueza se fundamenta en la necesidad de asegurar la presencia del acusado en el proceso y proteger el desarrollo de la investigación. Las autoridades judiciales han señalado que se mantendrán las diligencias necesarias para robustecer la carpeta de investigación y presentar las pruebas periciales adicionales que permitan esclarecer los hechos denunciados ante las instancias correspondientes.
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