Impacto ambiental de centros de datos genera protestas en Querétaro

Habitantes de los municipios de Colón y El Marqués, en el estado de Querétaro, han manifestado su descontento ante la creciente presencia de centros de datos en la región. Las comunidades locales reportan afectaciones directas en el suministro de agua potable y constantes fluctuaciones en el servicio de energía eléctrica, elementos que atribuyen al elevado consumo de recursos necesario para la operación de estas instalaciones tecnológicas.

El despliegue de esta infraestructura industrial ha generado un debate sobre el balance entre el desarrollo tecnológico y la sostenibilidad ambiental en el Bajío mexicano. Mientras las autoridades estatales han promovido la llegada de inversiones de este sector para fomentar el crecimiento económico, los residentes señalan que los beneficios directos para la población local son limitados, mientras que los costos ambientales y de servicios básicos han comenzado a ser una carga para las colonias aledañas.

En los últimos meses, los reportes sobre desabasto hídrico se han intensificado en las zonas cercanas a los parques industriales donde operan los servidores. Expertos en gestión de recursos naturales advierten que la alta demanda de líquido para sistemas de enfriamiento, sumada a la saturación de las redes eléctricas locales gestionadas por la CFE, está creando una presión insostenible sobre los servicios básicos municipales.

Ante este escenario, colectivos ciudadanos han solicitado una revisión exhaustiva de los permisos ambientales otorgados a dichas empresas. La demanda social se centra en la necesidad de implementar mecanismos de transparencia que permitan conocer el impacto real de estas plantas en el estrés hídrico de Querétaro y garantizar que el suministro para los hogares no se vea sacrificado por las necesidades operativas del sector tecnológico.

Por su parte, las autoridades locales han expresado que buscarán mesas de diálogo para evaluar la viabilidad de nuevos proyectos en la zona. Se ha planteado la posibilidad de exigir a las empresas inversiones en infraestructura hidráulica y de energía renovable como condición para continuar con sus operaciones, buscando mitigar las quejas vecinales que persisten en la entidad.